La senadora Paloma Valencia se estrenó como youtuber para sumarse a la tendencia que cuestiona los detalles que se han conocido de la futura reforma a la salud que adelanta el Gobierno nacional. Para la congresista opositora, el proyecto podría poner en riesgo el acceso a aseguramiento de los colombianos y motivar una crisis que, en su concepto, no existe.

“¿Sabe para qué quiere propiciar la crisis? Para poder decir que la Ley 100 es mala. A la ministra no le gusta el sistema de salud, pero The Economist dijo que somo el número 16 en prestación de salud en el mundo; la revista Lancet, tal vez una de las más importantes en materia de salud, dice que somos el seis; y la OMS dice que entre los 191 países que evaluó, somos el 22″, sostuvo Valencia.

Este sábado la ministra Carolina Corcho lideró la primera audiencia pública sobre la reforma que se realizó en la ciudad de Cali. Desde allí, afirmó que “el daño ya fue, el daño ya es”, porque según ha dicho en diferentes escenarios, el sistema de salud está en crisis, con déficit en recursos y acceso para todos los colombianos.

Esas afirmaciones fueron contradichas por la senadora Valencia. “No ministra, la salud no está en crisis. Dice que es que el gobierno Duque intervino 11 EPS, pero es muy distinto intervenir y sacar malas EPS a acabar con las EPS, que es lo que usted ha propuesto, porque entonces el sistema se rompe, fracasa y termina siendo un seudosistema público que se va a quebrar y que va a dejar a los colombianos sin salud”, sostuvo.

La ministra reiteró en la audiencia pública que se van a revisar esos procesos de liquidación y, aunque no se ha conocido el texto de la reforma, tiene un eje claro: eliminar las EPS. “Unos intermediarios apropian billonarios recursos en una posición dominante, esos recursos deben llegar directamente a los hospitales”, señaló en el evento en Cali.

Ese es uno de los puntos con los que la oposición y un grupo de expertos no está de acuerdo, pues consideran que las Empresas Prestadoras de Salud cumplen más funciones que meros intermediarios y que girar los costos directamente a los hospitales podría causar caos.

“Lo que nosotros tenemos es un sistema híbrido. No es una aseguradora porque el aseguramiento normalmente en salud es muchísimo más costoso, tampoco son intermediarios porque a los intermediarios no les duele lo que pasa en el sistema. Las EPS negocian con los hospitales los servicios, les ponen precios, les ponen condiciones, les ponen calidad, miran que el servicio que le prestan a los colombianos sea lo que le corresponde a la enfermedad que tienen; maximizan la utilidad que nos dan los pocos recursos que tenemos”, sostuvo la senadora Valencia.

Además, resaltó que bajo el sistema actual, si una persona padece una enfermedad de alto costo, es el Estado el que cubre el tratamiento y no la familia o el paciente, quienes deben pagar un pequeño porcentaje y no cifras que los llevarían a la quiebra como ocurre en otros países.

“Es tan malo el sistema de salud que el 64 % de los ciudadanos (más de la mitad) que fueron a buscar una cita médica la consiguieron entre los 3 y los 5 días siguientes. La disponibilidad de medicamentos en el sector público es del 87 %, casi ningún país llega a esas cifras. Colombia fue uno de los primeros en cobertura de vacunación para los niños. La cobertura que tenemos del sistema de salud es del 99 %, prácticamente todos los colombianos tienen acceso a salud”, señaló Valencia.

Según la senadora del Centro Democrático, girar directamente los recursos a los hospitales y que estos se encarguen de los procesos generaría desorden en el sistema, además eliminaría un organismo de vigilancia que podría llevar a casos de corrupción en el cobro de procedimientos médicos. Como ocurrió en el SOAT que facturaba el monto máximo que podía cubrir.

“Se imaginan la cantidad de procedimientos que no se necesitan, la cantidad de cosas que van a facturar que nadie sabe si las hicieron o no, las filas para ver si lo atienden y en dónde lo atienden, se imaginan el desorden que le van a crear al sistema. La ministra va a destruir la salud de los colombianos”, señaló Valencia.

En su concepto, la labor del Ministerio de Salud debía enfocarse en el mejoramiento de las condiciones para los médicos del sistema público, cuidar los ingresos y buscar consolidar unas pocas EPS de gran calidad que fortalezcan el sistema, en lugar de acabarlas . “No se ponga a inventar, que el agua moja”, advirtió.

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Las tres compañías que forman la Unión Temporal involucrada en el escándalo por los supuestos sobrecostos en un contrato por $215.000 millones en las Empresas Municipales de Cali (Emcali), que copó la agenda noticiosa de la última semana en el país, están vinculadas de distintas formas con Medellín.

Dos de ellas, Unión Eléctrica y AMS Unión SAS, están domiciliadas en esta ciudad y la que no, Deltec S.A., figura como unas de las ganadoras en una cuantiosa y cuestionada licitación que acaba de otorgar Afinia, la filial de EPM en la Costa Caribe. Por demás, la primera de las nombradas hizo también parte de otro caso que ha atraído los reflectores por las dudas sobre su efectividad, como es el sistema de seguridad conocido popularmente como Robocop.

Las tres hacen parte de la Unión Temporal AMI 2022 que celebró el sonado contrato para la modernización del sistema de Emcali para medir los consumos de sus clientes, pero que ha tenido ruido por el supuesto pago de sillas de oficina a $17 millones y televisores a $43 millones, por lo cual autoridades buscan descartar que haya sobrecostos a nivel general.

El escándalo ya provocó la salida la semana pasada del gerente de Emcali, Juan Diego Flórez. La Procuraduría ordenó la suspensión del contrato mientras la situación se aclara.

EL COLOMBIANO constató que Unión Eléctrica, que tiene una participación menor en el consorcio AMI, ha contratado más de $420.000 millones con distintas empresas de carácter público, como la propia Emcali, Edatel, EPM y varias entidades adscritas al Municipio de Medellín. Con la Empresa de Seguridad Urbana (ESU), por ejemplo, ha facturado más de $10.000 millones, de los cuales $3.600 millones corresponden a la actual administración de Daniel Quintero.

Unión Eléctrica participó en la elaboración del sistema de video-vigilancia conocido como Robocop que fue publicitado con toda la parafernalia como la gran arma tecnológica contra la delincuencia, pero terminó utilizado para detectar a los ciudadanos que arrojan basuras a la calle. El costo inicial del prototipo era de $500 millones y al final costó $1.200 millones.

El representante legal de Unión Eléctrica, Julio Correa, dice que del caso Emcali ya han dado explicaciones públicas y con relación al Robocop señaló que no participaron en el diseño: “Simplemente hicimos un suministro y (en el momento en que se hicieron cuestionamientos) demostramos que la utilidad fue muy bajita, era por hacer el favor”.

La firma acumula 36 años de experiencia con proyectos importantes en el país y en el extranjero. En 2009, sin embargo, tuvo problemas económicos y entró en reorganización, una condición que superó en abril de 2022 cuando cumplió con sus obligaciones y le levantaron los embargos.

Si bien Unión Eléctrica solo tiene el 3% en AMI, posee lazos con el socio mayoritario, AMS Unión (49%). La primera tiene como accionista principal a Jesús Efraín Ossa, en tanto que el representante legal de la segunda es su hijo, Camilo Ossa. Tal vez, su función en el consorcio sea apalancar con su experiencia la empresa de su hijo. Entre las dos empresas de la familia tienen el 52%.

Ambas también han sido contratistas de Afinia, que ofrece a nombre de EPM el servicio de electricidad en la Costa Atlántica.

Unión Eléctrica habría sido descabezada hace apenas un mes en una licitación en la que Afinia aprobó contratos por casi $300.000 millones, un proceso cuestionado por contratistas, expertos y el sindicato de EPM, debido a indicios de que los pliegos se habrían direccionado.

Curiosamente, uno de los ganadores de ese concurso fue la firma valluna Deltec, que ahora es socia de AMS Unión y Unión Eléctrica en AMI, tiene el restante 48%. Deltec instalará redes eléctricas en el norte del departamento de Bolívar y por eso le pagarán $55.738 millones. En las bases de datos, EL COLOMBIANO encontró otros tres contratos de Deltec con Afinia por $25.106 millones suscritos un mismo día, el 1 de octubre de 2020.

Deltec ya había firmado contratos con Emcali por unos $195.000 millones según destaca el presidente de Sintraemcali, David Vargas. El sindicato cuestionó que hubo 15 adendas a los pliegos y a lo largo de estas los otros 14 proponentes quedaron por fuera, de manera que finalizó AMI como único aspirante.

El gerente de Unión Eléctrica, Julio Correa, defendió la transparencia de ese proceso y aseguró que “los que no ganan siempre van a decir que el contrato estuvo direccionado”. Así mismo, Correa dijo que en el contrato de Emcali no hay sobrecostos, que el escándalo es un malentendido ocasionado por la manera como se redactó el contrato.

“El error parte de que sale un formulario con un televisor, pero además en el pliego exige que este debe ir acompañado de un sistema de sonido y otros equipos que hacen parte de una sala de reuniones”, añadió.

Por su parte, el abogado de AMI, Diego Cano, ratificó que seguirán defendiendo el derecho que adquirieron con la licitación. “No tenemos por qué renunciar a un contrato por el momento, porque simplemente han salido unas denuncias descontextualizadas, porque omiten los anexos técnicos del contrato”, afirmó.

Este diario trató de hablar con los representantes legales de Deltec y AMS Unión pero al cierre de esta edición no habían respondido a las llamada y mensajes.

¿Un Negocio de tipo familiar?

AMS Unión fue creada en octubre de 2012 en el seno de Unión Eléctrica (que también aparece como Grupo Unión) como una empresa derivada (spin off) que buscaba aprovechar el conocimiento acumulado y generar nuevos negocios. Específicamente su objeto habla de la “investigación y desarrollo en física, ingeniería y ciencia de la vida”. Para ese momento la firma “madre” llevaba tres años en reorganización. En 2021 la “hija” reportó un año excepcional, con incremento en sus ingresos netos de 57%, aumento en la utilidad de un 3,4% y crecimiento en activos de 42,8%. Aunque Juan Camilo Ossa Hoyos y su padre Jesús Efraín Ossa Gómez juegan papeles protagónicos en una y otra empresa, como representantes legales que han sido, el abogado de AMI, Diego Cano, defiende que no han existido razones legales para reportarlas como grupo. “Societariamente los accionistas no tiene relación, aunque los dueños son familiares”, dijo.

Según el jurista, AMS Unión sí perteneció a la familia, pero tuvieron que irse desprendiendo de las acciones y hoy no tienen el 50% más una acción que les daría el control.

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El superintendente nacional de salud, Ulahy Beltrán López, anunció que hay 16 Entidades Promotoras de Salud (EPS), que están bajo vigilancia especial, ya que o tienen problemas jurídicos, o financieros, o ambos. El funcionario, además de revelar los nombres de las compañías involucradas, les recordó que su función es garantizar la salud de sus afiliados, incluyendo la protección de los recursos con los que se adquieren los insumos y se pagan las responsabilidades.

En medio de un evento donde se reveló la situación fiscal del sector salud en el país, donde estuvieron presentes, entre otros, la ministra de esta cartera, Carolina Corcho; el superintendente aseguró que su labor no es acabar con las EPS, que estos problemas que tienen las compañías actualmente vienen desde el gobierno anterior:

“Yo no llegué a acabar las EPS, en el Gobierno anterior algunas ya venían en proceso de liquidación. Ellas se vienen liquidando solas porque incumplen con los parámetros de obligatorio cumplimiento para garantizar el derecho a la salud de la población”.

Las compañías en cuestión son: SaludCoop, Manexca EPS, Cafesalud, Comfacor, Saludvida, Emdi Salud, Cruz Blanca, Comfacundi, Comfamiliar, Ambuq, Comfamiliar Nariño, Comparta, Coomeva, Medimas, Comfamiliar y Convida. De estas, 11 se encuentran en intervencion forzosa administrativa, 4 están en liquidación y 1 se liquidó voluntariamente.

Ulahy Beltrán explicó que dentro de las razones por las que se inician los procesos forzosos esta la insuficiencia en la red de servicios, desviación de indicadores, incremento en las PQRS, deficiencias en la caracterización de la población, alta desatención en prevención de riesgo, insuficiencia en la cobertura de servicios, entre otras.

“Vamos a empezar a revisar cifras y a aclarar verdades, frente a las Entidades Promotoras de Salud en liquidación. En este momento se encuentran en intervención 11, 4 liquidadas formalmente, y una que se liquidó voluntariamente (…) La normatividad que encuentro me conmina a actuar frente a las circunstancias de incumplimiento. He procedido frente a actuaciones que he evidenciado y que no pueden continuar, en protección del derecho fundamental a la salud”.

El funcionario fue muy crítico por el indebido manejo de los recursos, que les aporta el Estado a estas entidades, señalando que el dinero precisamente es para garantizar el derecho a la salud de los afiliados, pero, eso es lo que precisamente lo que no están cumpliendo.

Además de las ya mencionadas, hay otras 10 EPS que se encuentran en vigilancia especial, se tratan de: Dusakawi, Capresoca, Savia Salud, Asmet Salud, Ecoopsos, Emssanar, Comfamiliar Guajira, Comfamiliar Chocó, Comfamiliar Oriente y S.O.S Servicio Occidental de Salud, que se estima tienen un 7,8 millón de afiliados, las cuales tienen unas deudas superiores a los 5 billones de pesos.

Estas últimas tienen el compromiso de cambiar radicalmente sus políticas, de lo contrario, la Superintendencia de Salud tomará medidas por incumplimiento de los componentes técnico científico, financiero y jurídico.

Esta misma idea ya había sido soportada por la ministra Carolina Corcho, asegurando que no están presionando a las compañías para acabarlas, pero, es evidente que el sector se encuentra en crisis:

“Estamos en medio de la crisis y por eso la reforma a la salud no es un asunto caprichoso o ideológico. Hay que tener ese debate. Propondremos una reforma porque hay que cuidar la vida de los colombianos y los recursos públicos de la salud (…) Tampoco es cierto que estemos apretando los recursos de las EPS para acabarlas. El anterior superintendente de salud dejó en proceso de liquidación 14 EPS, que no le cumplen a sus usuarios”.

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El comportamiento del dólar hoy en Colombia es a la baja. En los primeros minutos de cotización la divisa pierde cerca de 30 pesos y ya cayó de los 4.400 pesos.

El precio de apertura de la moneda este jueves (22 de septiembre) fue de 4.376, más de 20 pesos por debajo de los 4.403,82 pesos por debajo de la tasa representativa del mercado (TRM).

Según la Bolsa de Valores de Colombia, el dólar ya registrar un precio mínimo de 4.372,11 pesos y un máximo de 4.395,90. El valor promedio que registra en las primeras horas de cotización es de 4.383,62.

El dólar se ubica sobre los 4.370 pesos y el comportamiento tiene que ver con la decisión de la Reserva Federal de subir sus tasas de interés a su nivel más alto desde 2008, una decisión similar a la que toman diferentes bancos centrales del mundo para enfrentar la inflación.

Pese a la caída del dólar hoy, analistas estiman que, por cuenta de la decisión de los bancos, el dólar seguirá alto por mucho más tiempo.

En lucha contra la inflación, la FED anunció el miércoles otra fuerte alza de 0,75% de los tipos de interés y advirtió que ahora espera que el crecimiento de la mayor economía mundial sea casi nulo en 2022.

Los tipos de interés de referencia de la Fed se sitúan ahora en una horquilla de entre 3,00% y 3,25%, anunció la institución en un comunicado de prensa.

Esta es la tercera vez consecutiva que la Fed sube las tasas en esta escala, tras el aumento de un cuarto de punto en marzo y de medio punto en mayo.

Además, estima que serán necesarios nuevos aumentos este año, según el comunicado, hasta que el tipo de interés oficial suba otro punto porcentual.

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