De manera unánime, los vecinos de esta arbolada zona residencial cercana a Provenza se oponen a tal iniciativa, impulsada por un privado, la cual consideran tiene serias inconsistencias legales.
Habitantes de los ocho bloques de apartamentos que conforman el complejo residencial Catay, en el barrio Florida (sobre la transversal 5E), se sienten mortificados y “en pie de lucha” a raíz de la reciente instalación de una valla en polisombra; presagio de futuras obras en lo que consideran áreas verdes comunes.
En específico, tal intervención se daría en un predio ubicado entre Catay 2, Catay 4 y Catay 7. La polisombra sostiene un letrero en fondo amarillo anunciando que allí se planea la construcción de un parqueadero público, de un solo nivel, cuya licencia está en trámite ante la Curaduría Urbana Segunda de Medellín.
En reunión con más de 60 copropietarios celebrada el 16 de mayo, en el salón social de Catay 4, los vecinos discutieron la mejor manera de definir un derrotero conjunto para evitar ese parqueadero, alegando dos razones principales: su derecho a un medio ambiente sano y la aparente ilegalidad que tendría el proceso de licenciamiento por condiciones preexistentes del mismo lote.
acarrear contaminación, ruido e inseguridad por su operación que, por lógica comercial, se sincronizaría con la agitada y bullosa actividad de las cercanías, con calles recientemente cerradas al uso vehicular (parque Lleras, vía Primavera, Provenza).
“Tendríamos gente y carros saliendo y entrando hasta las 4 o 5 de la madrugada, si no son las 24 horas, en plan de rumba. Imagínese eso en este sector, que es totalmente residencial, de familias propietarias, algunas con 35 años de permanencia, prácticamente desde que entregaron los primeros bloques de Catay”, comentó Amparo Gaviria, reconocida líder de residentes en El Poblado.
Predio en duda
El otro frente de lucha en que se enfocan los vecinos tiene que ver con las graves inconsistencias legales que, a su juicio y por la evidencia que han podido recabar, tendría el lote afectado. Dichas condiciones particulares, sobre el papel, deberían hacer inviable cualquier licenciamiento urbanístico.
En primer lugar, señalan que la solicitud de licencia fue presentada por un ciudadano llamado Florentino Cotes, hecho que llama la atención porque el propietario del predio ante la Superintendencia de Notariado y Registro es un señor Conrado Gallego, de quien se cree cedió hace casi 40 años los terrenos como parte de pago por una deuda.
Para agregar más sombras, Conrado Gallego falleció varios años atrás, como lo certificó la Registraduría Nacional del Estado Civil al reconocer que su cédula de ciudadanía fue dada de baja, para todo efecto, a causa de su muerte. Es decir, no se podría hablar de un poder entregado al señor Cotes; tampoco se tiene registro de un proceso de sucesión.
Como si todo lo anterior fuera poco, el inmueble aparece embargado ante el Distrito por mora en el pago de impuesto predial y de la contribución de valorización. De esto último da fe el Fondo de Valorización de Medellín (Fonvalmed), que abrió un proceso jurídico contra Conrado Gallego como titular vigente. Es bien sabido que ninguna propiedad sujeta a embargo puede ser vendida o cedida.
Por último, los más antiguos residentes de los Catay, entre quienes se encuentran arquitectos e ingenieros que participaron en su construcción, reiteran que el terreno para el proyectado parqueadero y las otras zonas verdes comunes hacen parte de la copropiedad, pero que en su momento no se legalizaron como tales. “Es una situación que no prescribe, hay que hacerla valer ahora”.
