Corantioquia rechaza rotundamente la retención temporal de la cual fue víctima, el pasado 9 de febrero en zona rural de Jericó, un equipo técnico que presta sus servicios al Municipio de Jericó en desarrollo de un convenio que se encuentra vigente con Corantioquia para la reglamentación de la microcuenca quebrada La Palma.
El hecho es el último registrado, de una serie de situaciones que desde el año 2020 han dificultado la labor de la autoridad ambiental en ese territorio, debido a obstrucciones generadas por algunos miembros de la comunidad que han impedido la realización de visitas y actividades técnicas.
Ante la situación, Corantioquia interpondrá las denuncias que corresponden ante las autoridades competentes, a fin de que se adelanten las investigaciones y se tomen las medidas necesarias frente a los responsables de estos hechos, y se proteja la integridad física y la vida de los funcionarios y contratistas que realizan su trabajo en campo.
La reglamentación de la quebrada La Palma hace parte de la implementación del Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico (PORH) del río Piedras, para lo cual existe un convenio entre Corantioquia y el Municipio de Jericó, contratante de la empresa Construdinco Civiles y Ambientales Limitada como ejecutora de las actividades. La reglamentación de corrientes se realiza en cumplimiento de las funciones y competencias que le otorga la Ley 99 de 1993 a Corantioquia, como ente encargado de velar por la protección de los recursos naturales renovables y el medio ambiente.
La Corporación aclara que el proceso de reglamentación de la quebrada La Palma no tiene relación alguna con el proyecto minero “Minera de Cobre Quebradona”, el cual es objeto de evaluación del licenciamiento ambiental por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA).
Dentro de dicha reglamentación se debe realizar un análisis detallado de las condiciones hidrológicas y de calidad del agua, por lo cual son indispensables los recorridos, censos, visitas técnicas y monitoreos. El objetivo es identificar usuarios, caudales y vertimientos existentes, para avanzar en la distribución equitativa del recurso.
En este proceso se adelantan además distintas actividades de educación ambiental, participación y encuentro con las comunidades; se brinda información precisa y clara sobre las acciones en territorio y se propician diálogos sociales en los que la Corporación siempre ha estado dispuesta a trabajar conjuntamente en la protección del patrimonio ambiental y la búsqueda del desarrollo sostenible en las regiones.
Para continuar con éxito estas labores Corantioquia hace un llamado a la Defensoría del Pueblo, a la Personería Municipal, a la Fiscalía General de la Nación y a la misma administración municipal, como primera autoridad de Policía, a que investiguen lo sucedido y tomen las medidas pertinentes.
Fuente: Corantioquia
