Injerencia del alcalde de Medellín en las decisiones administrativas, Hidroituango y la designación de tres gerentes en 16 meses, las razones.
a injerencia del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, en las decisiones administrativas y estratégicas del Grupo EPM, sumado a las crisis que padece el gobierno corporativo de la organización y el retraso en la entrada en operación del proyecto Hidroituango, son suficientes razones para que las calificadoras ‘rajen’ la gestión del conglomerado antioqueño.
Incluso, la reciente designación del boyacenses Alejandro Calderón Chatet, como su nuevo gerente general, el cual ha despertado toda clase de cuestionamientos, es otra arandela más que se suma a la larga lista de inquietudes de aquellas las firmas que evalúan el grado de inversión de empresas como EPM.
El pasado viernes, la calificadora Fitch Ratings “mantuvo en observación Negativa” las calificaciones ‘AAA (col)’ de emisor de largo plazo y de las emisiones locales de EPM. Entre las razones que hace la firma, las principales son la interferencia que ha llevado a debilitar su gobierno corporativo y los retrasos en el progreso del proyecto Hidroituango.
“Las calificaciones de EPM reflejan el fuerte vínculo con su propietario, el municipio de Medellín, así como su importancia estratégica para la ciudad en términos de ingresos dado que las distribuciones de la organización históricamente han representado 20% de los ingresos de Medellín”, señala Fitch Ratings.
La calificadora, subraya más adelante que, “la Observación Negativa de EPM incluye la incertidumbre aún existente sobre el cierre del sistema de desvío auxiliar del proyecto Ituango, bloqueado desde el 28 de abril de 2018, así como los sobrecostos finales asociados al mismo”.
En el mismo sentido, Luis Carlos Guevara, gerente de la calificadora Value & Risk, señaló que precisamente el gobierno corporativo es el que le ha representado a EPM la confianza y reputación, no solo entre sus stakeholders, sino además en su solidez en cuanto al grado de inversión.
“La injerencia del municipio y el manejo que se la ha dado a la Junta Directiva, que le han quitado su independencia administrativa y operacional, y con manejos políticos, sin dudan terminan por afectar su calificación”, dijo Guevara.
Con respecto a la designación del nuevo gerente de EPM, Guevara recalcó que el perfil y trayectoria profecional, así como la experiencia, termina también por influir en la calificación de la organización. “Además se tiene en cuenta el equipo profesional y técnico del cual se rodea, y la estabilidad y calidad del mismo recurso humano”, dijo.
El gerente de Value & Risk añadió que, “en la medida que esa organización (EPM) trace unas perspectivas de operación, pero con el nombramiento de personas sin la experiencia y trayectoria acorde a sus cargos, y sin el rigor técnico para hacerle frente a las tareas, sin duda implicaría un deterioro en la misión estratégica y operacional de la organización, genera incertidumbre sobre el comportamiento de su actividad”.
Guevara finalmente señaló que los cambios abruptos, que no está alineados con las políticas de gobierno corporativo, terminaron por afectar la reputación de credibilidad del conglomerado y que se ve reflejado en la nota que le asignan las calificadoras.
Por su parte Moody’s indicó que la calificación de EPM al día de hoy es Baa3 con perspectiva negativa, como reflejo a la incertidumbre relacionada con las consecuencias del incidente en la planta de Hidroituango, el potencial debilitamiento de las prácticas de gobierno corporativo de la empresa como resultado de los cambios en la Junta Directiva y los recientes nombramientos de nuevos gerentes.
“Así mismo, estamos siguiendo de cerca la potencial exposición a riesgos políticos incrementales por los cambios que se han llevado a cabo en los últimos meses”, dijo Roxana Muñoz, asistente de la Vicepresidencia de Análisis de Moody’s.
La calificadora advierte que los factores que llevarían a bajar más la nota de EPM son los gastos relacionados con pasivos a terceros o ambientales que ponen presión a las métricas financieras o si algún incidente nuevo en Ituango causa daños permanentes a la infraestructura del proyecto.
“En caso de tener sobrecostos en la megaobra o retrasos, o incluso la cancelación del proyecto, podría llevar a una percepción de mayores niveles de deuda”, señaló Muñoz.
Además, un deterioro en el gobierno corporativo o la percepción de un menor respaldo a EPM “por parte de la Municipalidad de Medellín” también podría ejercer presión negativa en las calificaciones.
Para los ex miembros de la Junta Directiva de EPM, los cimientos del gobierno corporativo, su confianza y reputación están en entredicho; enviando de paso, una señal equivocada al mercado, a las calificadoras de riesgo, al sistema financiero nacional e internacional, a empleados y demás grupos estratégicos de interés para su operación.
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