La jueza del Juzgado Once Civil Municipal de Oralidad de Medellín ordenó darle un tiempo perentorio de máximo dos días al partido Centro Democrático para que dicha colectividad se pronuncie sobre los fundamentos de derecho expuestos en la sanción que este impuso contra cuatro de sus corporados y que los dejó sin derecho al voto en el Concejo de Medellín.
La decisión que tomó la jueza se dio dentro de una acción de tutela que interpusieron las concejalas Lina García, María Paula Aguinaga y Nátaly Vélez quienes –junto a Albert Corredor– resultaron sancionadas por la colectividad en un polémico proceso que se surtió luego de que estos, al parecer, no acataran la decisión de bancada para apoyar a Simón Molina en su aspiración a la presidencia del Concejo.
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La sanción impuesta fue la contemplada en el artículo 127 de los estatutos del Centro Democrático, que implica la prohibición para desempeñar cargos en los órganos del partido o en representación de éste, por el período mencionado a partir de hoy. Por ello, los concejales sancionados hasta ahora no podrán votar en las sesiones del Concejo de Medellín.
El asunto no solo ha generado varios encontrones entre los cuatro miembros del Centro Democrático sancionados y el resto de la bancada en el Concejo, donde más de una vez se han cruzado graves calificativos, sino que también ha dejado sin bloque la oposición de este partido al alcalde Daniel Quintero. Hasta ahora no ha trascendido si la colectividad ya fue notificada de la decisión de la jueza.
Este hecho enrarece más el ambiente político de la ciudad, teniendo en cuenta que entre el miércoles y hoy los concejales Albert Corredor y Simón Molina renunciaron al Concejo de la ciudad para aspirar a la alcaldía de Medellín en 2023.
