La aprobación de las últimas nóminas de los concejales de Medellín contiene una perla que plantea una ambigüedad o por lo menos cierta paradoja frente a la permanencia de la liberal Aura Marleny Arcila en su curul después de que el Consejo de Estado declaró su pérdida de investidura. La corporada puede participar en las discusiones y hasta votar, pero lleva un mes con sus honorarios congelados.
EL COLOMBIANO tuvo acceso a la Resolución 20231030000186, en la que la mesa directiva del Concejo les da el visto bueno a las cuantías que cada corporado debía devengar por las sesiones extras que se decretaron para el periodo del 15 al 29 de mayo. Aparecen 20 casillas, faltando solo la de Arcila.
El documento que firman el presidente del Concejo Fabio Rivera, el vicepresidente primero Juan Felipe Betancur, y la vicepresidenta segunda Dora Saldarriaga, muestra además que a la mayoría les reconocieron las diez sesiones que se realizaron, menos a Daniel Duque, Carlos Mario Romero y Luis Carlos Hernández, que fueron a 9, y a Lucas Cañas que contestó “presente” en 7 sesiones.
En una parte de ese periodo de las extras, Arcila estuvo de vacaciones en Europa y por eso su ausencia se sintió entre el 15 y el 18 de mayo; sin embargo, tan pronto retornó de su viaje, se incorporó y estuvo en la agenda prevista para el 19, 23, 24, 25, 26 y 29 de mayo, o sea seis de diez sesiones. Era llamada religiosamente a lista, independiente de que la máxima instancia del contencioso le hubiera quitado su puesto y si bien su participación no habría sido tan notoria porque desde que se dio el fallo en contra suya ha observado un silencio extremo, según le relataron a este medio fuentes cercanas al Concejo, legalmente tendría derecho a que le retribuyan por su asistencia.
Rivera confirmó que las quincenas de Arcila están congeladas desde el 15 de mayo pasado. A la vez, aclaró que el quid de que ella aún permanezca en su curul es que el fallo del Contencioso que le quita la investidura a la concejala no está en firme porque interpuso un recurso de aclaración y aunque la respuesta no cambiaría el sentido de la sanción impuesta, es decir que no le restituiría el puesto, sí la congela momentáneamente.
Aseveró que no hay contradicción entre lo anterior y la retención de los honorarios, que se hará hasta que se resuelva esa parte jurídica ya que quieren evitar líos mayores, dependiendo de lo que ordene al respecto la sentencia de cierre.
“Si el fallo definitivo trae alguna aclaración hacia atrás, la idea es no haber incurrido en un pago; si no la trae, por supuesto que si ella reclama se le reconocerá el pago”, apuntó el presidente del Concejo.
Arcila fue apartada formalmente de su puesto en la Corporación distrital por parte del Tribunal Administrativo de Antioquia en una sentencia que apoyó en segunda instancia el Consejo de Estado el pasado 9 de mayo. No obstante, ha sido visible la repulsa de ella para dejar la silla en el recinto y que la ocupe su copartidario, Carlos Mario “el flaco” Mejía, quien le siguió en votación durante las últimas elecciones (ella sacó 11.148 votos mientras que él obtuvo 11.896).
Fuentes políticas aseguran que Arcila estaría dilatando la salida hasta tanto se voten temas cruciales en los que ha apoyado a la administración del alcalde Daniel Quintero, como la aprobación de transferencias adicionales de EPM por 330.000 millones de pesos.
En un debate del 8 de junio pasado, al ausentarse del recinto para frenar la votación sobre las transferencias, el corporado de oposición Alfredo Ramos (Centro Democrático) solicitó que esperaran para tratar el asunto cuando “el flaco” llegue. Existe la versión de que, aunque Mejía estuvo en la nómina de Quintero como gerente de Terminales Medellín y secretario de Movilidad, no se plegaría a la coalición oficialista.
Pero Rivera, que acompaña a Arcila en la bancada liberal adepta a Quintero, arguye que por un recurso idéntico al de ella, los exconcejales Carlos Alberto Zuluaga (inhabilitado por doble militancia) y John Jaime Moncada (por parentesco, como Arcila) conservaron un tiempo más sus curules después de que el Contencioso los inhabilitara y que más recientemente fue el caso también del expresidente del Congreso, Roy Barreras o del contralor general, Carlos Hernán Rodríguez.
El 9 de mayo, el Consejo de Estado confirmó la decisión tomada por el Tribunal Administrativo de Antioquia de quitarle la investidura a Aura Marleny Arcila debido a que, según los magistrados del alto tribunal, violó el régimen de inhabilidades por parentesco porque un hermano suyo, Elkin Darío Arcila Giraldo, detentaba un cargo administrativo en el Instituto para el Desarrollo de Antioquia (Idea) dentro del año previo a la elección de ella como concejal.
El artículo 43 de la Ley 136 de 1994, modificado por la Ley 617 de 2000, establece como inhabilidad para hacerse elegir en cargos de elección popular el “tener vínculo por matrimonio o unión permanente, o de parentesco de segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil, con funcionarios que dentro de los doce meses anteriores a la elección hayan ejercido autoridad civil, política, administrativa o militar en el respectivo municipio o distrito”.
Y aunque la jurisdicción del cargo de Aura Marleny Arcila es Medellín mientras que el Idea es del orden departamental, el Contencioso consideró que la sede principal del Instituto es la misma ciudad donde la corporada tiene su curul. Si bien no se probó dolo en esa conducta, los magistrados dijeron que la funcionaria tenía la obligación de verificar los requisitos y el marco normativo alrededor de su cargo, antes de postularse como candidata en 2019.
“Llevan más de 20 días hábiles y el Consejo de Estado no se ha manifestado. Mientras tanto, hay decisiones de ciudad pendientes y las debería tomar el concejal que ya debe asumir la curul”, se lamentó por su parte Mejía, quien espera que el Contencioso incluya el tema en el orden del día de la Sala Plena que tiene programada para este viernes.
