El Código Electoral fue la gran reforma tramitada por el Congreso este semestre. Entre los proyectos que vieron la luz se cuentan el de vacunas y la Ley de Emprendimiento, turismo y regalías.
A diferencia del pasado semestre legislativo, cuando el Congreso perdió tiempo en acoplarse al trabajo remoto, este que cierra logró mediar las sesiones semipresenciales, con o sin altercados —como el brote de COVID-19 en la Cámara, donde resultaron siete contagiados, así como el cierre de la Comisión Séptima de Senado por la contaminación de unos funcionarios— y sacó adelante una única gran reforma: el Código Electoral.
La iniciativa fue objeto de fuertes críticas de voces más allá del Legislativo. Es el caso del procurador, Fernando Carrillo; Armando Novoa, exmagistrado del Consejo Nacional Electoral, y Germán Vargas Lleras, exvicepresidente, quienes señalaron con ahínco los desfases que significaría la vigencia de esta reforma en cuanto a las facultades extraordinarias que se le otorgaban al Gobierno y la Registraduría, que se materializarían en 2021 (año preelectoral) y el uso de tecnologías en un país con amplias brechas en ese sentido, por mencionar algunos de los reparos.
Con mensaje de urgencia, hubo debate, más de 2.400 proposiciones y 60 horas de sesión a 276 artículos, quedando consignada la paridad en las listas de elección, las facultades de la entidad de nombrar nuevos registradores, el voto mixto, el voto anticipado y la clasificación del proceso electoral de interés de seguridad nacional, por mencionar algunos aspectos que regirán desde las próximas elecciones, a excepción de unos artículos. Las licencias al presidente quedaron eliminadas, así como las intenciones de derogar la Ley de Garantías.
El proyecto de más peso que radicó el Ejecutivo junto a la Registraduría pasó con las mayorías gobiernistas y los independientes, pues la oposición tomó distancia al reparar en artículos que, a su juicio, van en detrimento de la transparencia y la democracia. De esa misma forma fue aprobada la iniciativa para garantizar el acceso a la vacuna contra el COVID-19 que, también gracias al mensaje de urgencia, salió adelante en este período.
Igualmente, los alternativos alertaron que esta ley, sancionada el pasado 9 de diciembre, les daría concesiones a las farmacéuticas transnacionales y, así mismo, contempla descuentos tributarios a los empresarios que donen recursos para la adquisición de dosis. Esta norma, días después, vino de la mano con un plan de vacunación para 2021, en el momento cuando más dudas se le plantean al Gobierno por asegurar que ya tenía asegurado un número de vacunas, pero sin presentar un detalle sobre las negociaciones, el arribo y la estrategia para su conservación. Para el próximo año, el Ejecutivo promete que más de 34 millones de colombianos estarán inmunizados.
Dentro del paquete de proyectos que lograron salir del Congreso a sanción presidencial se cuenta el de imprescriptibilidad de los delitos sexuales cometidos contra menores de edad que, en su último debate, fue aprobado por unanimidad, demostrando que las iniciativas alrededor de la niñez siempre son acompañadas con más de las mayorías, pese a que penalistas las señalen de populistas y poco efectivas, como fue cuando se tramitó la cadena perpetua, también para asesinos y abusadores de menores de edad, en el período pasado.
Si el primer semestre de 2020 fue de impedimentos por la virtualidad y debates no realizados, en el segundo se dio trámite a propuestas encaminadas a la reactivación económica, entre ellas la Ley de Emprendimiento, iniciativa que busca establecer normas claras para propiciar la generación de nuevos negocios y la consolidación de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), las cuales podrán ingresar al sistema de compras públicas. Con esta norma, las pequeñas empresas no pagarán registro ante el Invima y, además, se contemplan medidas para garantizar el acceso a recursos a través de la modificación del objeto social del Fondo Nacional de Garantías, entre otras facilidades.
A esto se le suma la Ley General de Turismo, que también contó con mensaje de urgencias, que promoverá la sostenibilidad y formalización en el sector, así como un plan para aportar a la recuperación y reactivación de este rubro, que ha sido uno de los más afectados por la pandemia. Entre las medidas consignadas se encuentran la eliminación del pago de la sanción para la reactivación del Registro Nacional de Turismo (RNT) hasta marzo del próximo año y apoyos para la recuperación de San Andrés, afectado por el paso del huracán Iota.
Igualmente, en cuanto lo económico, se sacó adelante el proyecto de ley de alivios financieros para el sector agropecuario. La iniciativa establece que 140.000 pequeños y medianos productores en condiciones de vulnerabilidad puedan renegociar sus obligaciones financieras con entidades bancarias, el Fondo de Solidaridad Agropecuaria (FONSA) y distritos de riego. Además, 56.000 campesinos podrán acceder a beneficios adicionales a los otorgados inicialmente por el Fondo Nacional de Garantías.
Y para cerrar las medidas relacionadas con lo económico se cuenta la extensión del PAEF (programa de apoyo al empleo formal) que el Gobierno creó como medida ante la contingencia por el COVID-19 y el Sistema General de Regalías para que municipios y departamentos cuenten con más $15 billones para inversión social directa. En la discusión de este proyecto quedó descartado un artículo con el que la oposición denunció que abría la puerta al fracking.
Además de las iniciativas económicas, hay otras que ya son ley o están a la espera de ser sancionadas como la prórroga de la Ley de Víctimas por diez años más; la conmemoración de la masacre en Bojayá, declarando cada 2 de mayo día en honor a las víctimas de esta tragedia; las medidas de lucha contra el dopaje en el deporte; el aumento de los honorarios y la seguridad social para concejales de municipios de cuarta, quinta y sexta categoría; y la creación de una categoría municipal de ciudades capitales, por mencionar algunos.
De lo que no fue y definitivamente quedó hundido se cuenta la reforma política, que sí iba más allá de la paridad y pretendía establecer listas cerradas, alternancia y universalidad, así como financiación preponderantemente estatal; el proyecto de acto legislativo para legalizar el consumo recreativo del cannabis de los liberales Juan Carlos Losada y Juan Fernando Reyes Kuri, sin embargo, queda vivo el de Gustavo Bolívar, en el Senado, que busca introducir disposiciones para la legalización y no reformar la Constitución; la renta básica de la bancada de la oposición en Cámara, que apuntaba a incrementar el valor del Ingreso Solidario, más que establecer un nuevo rubro de pago; el homenaje a las madres de las víctimas de falsos positivos y el acto legislativo para eliminar el cargo de vicepresidente.
Tampoco hay que dejar de lado quizás uno de los proyectos más necesarios para el funcionamiento del Congreso en tiempos inéditos como el vivido este año por cuenta del coronavirus. Durante la conciliación de las sesiones virtuales, la Cámara no dio su brazo a torcer para acoger la mayoría del texto aprobado en el Senado, pues, a su juicio, distaba mucho de lo que se había tramitado en esa corporación. En el Senado se sacó adelante un texto que acogía las recomendaciones de la Corte Constitucional, respecto al artículo 12 del Decreto legislativo 491, modificando la Ley Quinta, que es la que reglamenta al Congreso. Con esto se hundió también la disposición de no reformar la Constitución y el Acuerdo de Paz a través de la virtualidad.
Pese que para 2021 se anunció el plan de vacunación, como ya se mencionó, el presidente Iván Duque ha sido enfático en cuanto a que la inmunización no garantiza un regreso a la normalidad de manera inmediata. Esto para el Congreso significa seguir en la semipresencialidad y para esto, igualmente, se tiene que tramitar dicho proyecto para actualizar la Ley Quinta que está enquistada en los años 90.
Este período también fue electoral en cuanto a las funciones del Congreso. Se eligió a los nuevos defensor (Carlos Camargo), procuradora (Margarita Cabello), magistrados Jorge Enrique Ibáñez y Paola Meneses a la Corte Constitucional, y siete magistrados a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Así mismo, fue un semestre en el que Álvaro Uribe renunció a su curul tras recibir medida de aseguramiento de casa por cárcel por orden de la Corte Suprema de Justicia por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal; se retiró a Soledad Tamayo de su curul, tras la ratificación de la silla vacía al escaño de Aida Merlano, condenada por corrupción electoral; y se suspendió a Eduardo Pulgar, quien enfrenta un proceso de soborno desde La Picota.
El 2021 será complejo para el trámite legislativo, la experiencia ha dictado que los años anteriores a elecciones la atención del Congreso se vuelca a las estrategias para buscar reelegirse y encontrar al candidato con más posibilidades para llegar a la Casa de Nariño. Igual hay unos pendientes necesarios que se quedaron en el tintero este 2020, como la reforma a la salud que, pese a la situación vivida por el coronavirus, no encontró salida en el Legislativo.
Fuente: EL ESPECTADOR
