Por Astrid Buitrago
Como en este país pasan tantas cosas y tan seguidas y creo que terminamos bastante “infoxicados” con demasiadas situaciones, eventos, tragedias y cosas que se nos llena el “disco duro” muy rápido, es importante a veces hacer un alto en el camino, para mirar ciertas particularidades que nos dejan preguntas y que será necesario reflexionar y no nos sorprendan cosas en el futuro cercano en medio del pandemonio que estamos viviendo.
El 21 de noviembre de 2019, se vivió una jornada terrible para el país, fue supuestamente el inicio de las manifestaciones promovidas veladamente por un sector político, por unos actores internacionales y por varios medios de comunicación, que siguen en la idea de un nuevo orden que los favorezca, se salieron de madre y hasta algunos de esos mismos medios se alcanzaron a asustar, cuando ya los vándalos no solo pintaron grafitis y rompieron vitrinas en la séptima, sino que se empezó a sentir el terror en algunos de los exclusivísimos sectores de la capital colombiana.
Pero ya el país no recuerda que esa no fue la primera marcha de 2019, el 11 de enero de ese mismo año, ya se había iniciado una dinámica con las llamadas marchas de las linternas, en contra del entonces fiscal Néstor Humberto Martínez (quien posteriormente renunciaría el 15 de mayo), porque se empezaban a conocer los intríngulis del tema Odebretch (desde noviembre de 2018, cuando murieron envenenados Alejandro Pizano, testigo clave del caso y su hijo).
Pues bien, me toca hacer este contexto para explicar que, el día que renunció el señor fiscal Martínez, también renunció su vicefiscal, la Dra. María Paulina Riveros, quien era la sucesora natural del Fiscal General y dos días después, fue posesionado en encargo, el entonces fiscal delegado ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y coordinador de los demás fiscales delegados (8), el abogado de la Universidad Externado de Colombia, Fabio Espitia Garzón.
Este jurista graduado del externado en 1981, quien en 1994 fue Vicefiscal General de la Nación, del fallecido Gustavo de Greiff y según indica (a fecha de hoy 30 de abril) la página de la función pública, fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia desde 1992 y hasta 1998, esto es, hasta finalizar el periodo de Alfonso Valdivieso y quien parece ser que ha entrado y salido de los más encumbrados -o al menos los mejor remunerados- cargos, con casi todos los fiscales que ha tenido el país, durante los 29 años que lleva el ente de control, además fungió como Fiscal General de la Nación, desde mayo de 2019, hasta entregarle al actual Fiscal General Francisco Barbosa, en febrero de 2020.
Lo interesante para esta columna, es que el jueves pasado, la Corte Suprema de Justicia, negó una tutela presentada por la familia de Dilan Cruz -quien falleció el 23 de noviembre de 2019, en los disturbios que continuaban desde el 21N, que buscaba dejar sin efecto, el fallo que dirimió la competencia del caso entre la Justicia Ordinaria y la Justicia Penal Militar, esto es, en palabras castizas, la familia no estuvo de acuerdo en que el Consejo Superior de la Judicatura, dijera en 2020, que el caso lo debería resolver la Justicia Penal Militar y Policial y no la Justicia Ordinaria, por ser un caso con ocasión del servicio y habían entablado una acción de tutela en contra de esa decisión del extinto Consejo Superior de la Judicatura, hoy Comisión Nacional de Disciplina Judicial.
Ahora bien, ese conflicto de competencias es de lo que ya nadie se acuerda, el entonces Director de la Justicia Penal Militar, abogado Alejandro Ramírez, efectivamente le aclaró al país que era un caso netamente del servicio y el entonces Fiscal General de la Nación, de ese momento, Fabio Espitia Garzón, intentó por todos los medios, que la competencia la tuviera la Jurisdicción Ordinaria, de hecho, recuerdo que con palabras bastante desobligantes en medios de comunicación, contra la Jurisdicción Penal Militar y Policial, señaló que en esta podría haber impunidad, parcialidad y no objetividad, para investigar y juzgar a un capitán de la Policía Nacional de Colombia.
Así las cosas, como el mundo sigue girando y las palabras lanzadas en un momento de la historia muchas veces juegan en nuestra contra ¿adivinen quién es hoy el nuevo Director de la Unidad Administrativa Especial de Justicia Penal Militar y Policial?, Respuesta: el que era el Fiscal General de la Nación en encargo, en el mes de noviembre de 2019, es decir, Fabio Espitia Garzón, quien afirmó que podría haber impunidad, parcialidad y no objetividad en la entidad que hoy dirige, hágame el favor…
El dilema entonces es: ¿seguirá pensando igual que hace año y medio? ¿Ya cambió su concepción? ¿Devolverá la competencia a la Justicia Ordinaria? ¿Permanecerá con la misma en su nuevo cargo? ¡Ay! esta memoria mía, por la que puedo facturar, ¿cómo puede incomodar a veces?, ¿no es verdad?
am/pm
