La Fiscalía y la Procuraduría General de la Nación estudian todas las pruebas que tienen que ver con la falsificación de las garantías, en medio del debate nacional por el contrato entre el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y la Unión Temporal Centros Poblados. Hecho que ha tomado mayor revuelo en momentos donde la tecnología y las comunicaciones digitales, se necesitan más que nunca en zonas alejadas y rurales del país, ante todo los fenómenos originados por la actual coyuntura de salud y económica que vive Colombia y el mundo.
La empresa que firmó el contrato con el Ministerio TIC para revisar las pólizas, es SES de Colombia, y según información aportada por testigos, esta empresa revisó una de las garantías en 18 minutos y certificó que la póliza estaba bien. Además, fue contratada por el Ministerio para revisar pólizas y riesgos de los contratos, y ahora están en entredicho sus actuaciones por cuenta del aval que dieron.
Las cabezas de Centros Poblados empezaron a buscar aseguradoras y al toparse con varios inconvenientes, escribieron al Ministerio TIC solicitando un plazo. Fuentes judiciales han confirmado que los contratistas se reunieron con el comité de licitación y ahí la secretaria general les fijó una fecha y una negativa al plazo. La información fue enviada al banco Itaú, pero los investigadores encontraron que el correo del banco era falso y rebotó.
Saber si la funcionaria que envió el correo tenía conocimiento de los hechos, si sabía que el correo era falso o cómo no se dio cuenta del rebote del correo, es lo que busca establecer la Fiscalía, en otro capítulo más de este otra desafortunada noticia de corrupción en este país de luces y sombras.
